Derecho al olvido digital

October 7, 2018

«El olvido es una forma de libertad» (Khalil Gibran)

 

 ¿Quién no se ha buscado a sí mismo en Google? Nadie está libre de pecado, igual que tampoco están libres de este pecado los dos demandantes que dieron lugar a la STS 4132/2015, en la que se reconoce en el pleno de lo civil, por primera vez en España, el Derecho al Olvido Digital, del cual os vengo a hablar hoy.


Los hechos empiezan en Barcelona, cuando los demandantes A y B, interponen demanda de juicio ordinario contra “Ediciones El País, S.L”, en la Audiencia Provincial de Barcelona el 13 de Septiembre de 2011. Y tras la tramitación en segunda instancia a causa del recurso de El País, dado que es condenado en la sentencia de primera instancia; el asunto se resuelve en casación en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, como todo en este país, si me permitís decirlo.
En principio, el recurso de casación es extraordinario y tiene unos motivos tasados que se recogen en el artículo 147 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo menos, hasta el 1 de enero de 2016 que entra la espantosa reforma orquestada por nuestro actual gobierno. A pesar de lo extraordinario, en este caso y en muchos otros, es utilizado como penúltima vía para conseguir un fallo favorable por parte de los tribunales. Y, en nuestro caso, es así como se resuelve el asunto.


En este caso en concreto, dos personas que, en los años ochenta, “resultaron detenidas […] por hechos relacionados con el tráfico de drogas y que eran, a su vez, consumidoras de estas drogas y tenían un alto grado de drogodependencia”. Según se especifica también en la Sentencia del Tribunal Supremo, el periódico “El País” publica en fechas posteriores a su detención e ingreso en prisión una noticia donde se recogen estos hechos, así como, el motivo del ingreso en prisión, el estado de su drogodependencia y el tratamiento médico facilitado, además, de sus nombres, apellidos y profesión. Finalmente, se condena a los demandantes por un delito de contrabando, y con el paso de los años, los mismos, consiguen superar su adicción y reinsertarse.
Todo empieza en el momento en el que El País traslada su hemeroteca en papel a la web, de manera que “cuando se introducía el nombre y los apellidos de una de las personas demandantes, el enlace a la web de la hemeroteca digital de El País que contenía la noticia aparecía como primer resultado en Google y Yahoo. Cuando se hacía con el nombre y los apellidos de la otra persona demandante, aparecía en primer lugar en la lista de resultados de Google y en tercer lugar en la lista de resultados de Yahoo”.


Los demandantes solicitaron en la demanda de origen de este proceso que la difusión, tal como se hacía, vulneraba su derecho a la intimidad y al honor y pedían la condena a Ediciones El País y el cese inmediato en el uso de sus datos personales. En esta sentencia, en el fallo del Juzgado de Primera Instancia se declara el estimar la demanda, ya que, la difusión de la noticia de esta manera vulneraba el derecho al honor, la intimidad y protección de datos de las personas demandantes, condenando a Ediciones El País al cese inmediato de la difusión de dicha noticia y a implantar las medidas tecnológicas adecuadas para impedir dicha difusión, y
por lo tanto, que dejaran de vulnerarse los derechos de los demandantes. Este fallo se basa en que el Juzgado de Primera Instancia considera que la información no era veraz porque los demandantes habían sido condenadas, finalmente, por un delito de contrabando y tenían cancelados sus antecedentes penales, por lo tanto, la divulgación tentaba a su reputación y podía lesionar su intimidad; además, de que la pretensión de los demandantes también está amparada por su derecho a la protección de datos de carácter personal.


Lo que ocurre con el Juzgado de Primera Instancia es que se hace un balance entre los dos extremos; en un lado de la balanza, nos encontramos los derechos al honor, la intimidad y la protección de datos; y, en el otro lado de la balanza, nos encontramos el interés económico de Ediciones El País, así como el interés informativo. De este último, la sentencia establece que la finalidad de información ya se obtuvo cuando se publicó la noticia en los años ochenta, en la edición en papel del diario, por lo que el volcado de la hemeroteca al soporte digital sólo tenía una finalidad mercantilista de incremento de los ingresos publicitarios, lo cual, nos lleva a la segunda cara del interés de Ediciones El País al publicar esta noticia en su soporte digital. Por lo tanto, sostiene la sentencia que, los demandantes al no ser personajes públicos y al haber superado su adicción a las drogas “no se les debía negar un derecho al olvido”.


Desde mi punto de vista, entiendo que en esta balanza pesen más los derechos fundamentales que las pretensiones económicas e informativas de Ediciones El País pero, ¿qué pasa la libertad de Información? También en la sentencia se da respuesta a esta pregunta, en principio, no se puede justificar esta información por su falta de veracidad, de interés público de la noticia y de relevancia pública de las personas demandantes, además, de la falta de finalidad periodística de la inclusión de la noticia en la hemeroteca digital de El País.
La condena se basa en cambiar la forma de difusión, ya que, cesaba esta difusión mediante la introducción de la instrucción noindex para que la página web que contenía la noticia no fuera indexada por los datos personajes de los demandantes y, así, estos no aparecían en las listas de resultados de los buscadores de Internet cuando se introducían sus nombres o apellidos como palabras clave. A esto tenemos que sumarle los 7.000€ de indemnización que también falla esta sentencia de Juzgado de Primera Instancia.


Y llegados a esta tesitura, tenemos dos nuevos aspectos relevantes. Como decía al principio, se interpone recurso de casación, como tiene los motivos tasados legislativamente, se utilizan dos causas (a falta de una). En primer lugar, que la acción está caducada, de este motivo sólo nos interesa que la sala declara que no está caducado, dado que entra en cuestiones procesales que, francamente, aburren hasta a los notarios.


El segundo de los motivos es que no existía tal vulneración legítima de los derechos al honor, la intimidad y la protección de datos porque su “actuación estuvo legitimada por el ejercicio de la libertad de información, por la veracidad e interés general de la noticia”. Y este es el que sí nos interesa, pero, porque viene a traer a colección todo lo que he estado tratando hasta ahora. En este, la recurrente, es decir, la representante de Ediciones El País, critica que se hagan “reiteradas referencias a la finalidad económica de la digitalización de su hemeroteca”. Sostiene que el carácter privado de un medio de información la utilización de la publicidad como fuente de ingresos no impide que la actuación pueda estar amparada por las libertades de expresión y de información recogidas por el art. 20 de la Constitución.


Sostiene también que los hechos recogidos en la hemeroteca digital eran veraces y tenían interés público, sosteniendo que el transcurso del tiempo no convierte a la noticia en inveraz ni en carente de interés público. Alega que la libertad de información ampara la utilización de los nombres y apellidos de los demandantes, según dice la recurrente, esto ha sido declarado por el Tribunal Constitucional. También se ampara en la libertad de información para la el tratamiento de los datos personales con fines periodísticos.


La sentencia de la Sala se centra en la responsabilidad de los editores de páginas webs, en este sentido, al Sala se alinea con lo que ha considera el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea o TJUE, se especifica que el editor de una página web en la que se incluyen datos personales realiza un tratamiento de estos mismos, y como tal, es responsable de respetar las exigencias de la normativa que lo regula.


Así lo considera, también, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las sentencias de 6 de noviembre de 2003 (caso Lindqvist , asunto C-101/01,apartado 25) y 13 de mayo de 2014 (caso Google Spain S.L contra Agencia Española de Protección de Datos, asunto C-131/12, párrafo 26, en lo sucesivo, STJUE del caso Google).


Hay que aclarar que en las sentencias del TJUE se analiza la responsabilidad de los gestores de motores de búsqueda en internet por el tratamiento de datos personales en informaciones de páginas web. Esto, por otro lado, no quiere decir que los editores de páginas web, como es nuestro caso, no tengan la condición de responsables del tratamiento de esos datos personales y por lo tanto, tienen también el deber de respetar el principio de calidad de esos datos y atender el ejercicio de los derechos que la normativa de protección de datos otorga a los afectados y, además, la responsabilidad derivada de no respetar esas exigencias legales.

 

Además de todo lo anterior, en el párrafo 39 de la STJUE del caso Google, se indica que los editores de páginas web tienen la posibilidad de indicar a los motores de búsqueda en Internet que desean que una información determinada sea excluida, total o parcialmente, de los índices automáticos de los motores. En consecuencia, la sentencia de la Sala declara responsable a Ediciones El País del tratamiento de los datos personales de las personas demandantes. Por lo tanto, según declara la sentencia, el editor está sometido “a todas las obligaciones que se derivan de la Constitución, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio núm. 108 del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981, la Directiva 1995/46/CE, de 24 octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en lo sucesivo, la Directiva), y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo, LOPD), en la interpretación que de dichas normas han hecho tanto el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo como el TJUE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, TEDH)”.


En primer lugar, el TEDH ha declaro de las hemerotecas digitales entran en el ámbito del art. 10 del Convenio Europeo de los Derechos y Libertades Fundamentales. De hecho, en las sentencias de 10 de marzo de 2009 (caso Times Newpapers Ltd -núms. 1 y 2- contra Reino Unido , párrafo 45) y de 16 de julio de 2003 (caso Wegrzynowski y Smolczewski contra Polonia, párrafo 59), el TEDH ha afirmado que los archivos de Internet suponen una importante contribución para conservar y mantener noticias e información disponibles, pues constituyen una fuente importante para la educación y la investigación histórica, sobre todo porque son fácilmente accesibles al público y son generalmente gratuitos. No obstante, el TEDH también declara que la función que cumple la prensa en una sociedad democrática cuando informa sobre sucesos actuales y cuando ofrece al público sus hemerotecas es distinta y, también, debe tratarse de modo diferente. Por lo tanto, el TEDH considera que la actividad de los medios de comunicación cuando transmiten noticias de actualidad es la función principal de la prensa en una democracia, el propio tribunal lo equipara a la función de un “perro guardián”. La función de las hemerotecas digitales ha de considerarse, según sostiene el TEDH, como una función secundaria, en la que al margen de apreciación que disponen los Estados para lograr ese equilibrio entre derechos es mayor, puesto que, el ejercicio de libertad de información puede considerarse menos intenso.


Otro acierto más del TEDH es juzgar Internet de manera diferente a la prensa escrita, como declara, Internet es una herramienta de información y comunicación que se distingue particularmente de la prensa escrita, principalmente, en cuanto a su capacidad para almacenar y difundir información. Declara que “nunca estará sometida a las mismas reglas ni al mismo control que la prensa escrita, pues hace posible que la información sea accesible a millones de usuarios durante un tiempo indefinido. El riesgo de provocar daños en el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades, particularmente el derecho al respeto de la vida privada, que representa el contenido y las comunicaciones en Internet, es sin duda mayor que el que supone la prensa escrita”. Por lo tanto, hay que volver a ponderar, entre el ejercicio de la libertad de información que, en el ámbito que tratamos, la protección es menos intensa que la publicación de noticias de actualidad, y el respeto a los derechos de personalidad, fundamentalmente, el derecho a la intimidad personal y familiar pero, también, el derecho al honor cuando la información contenida en la hemeroteca digital afecta negativamente a la reputación del afectado.


El TEDH utiliza dos elementos para realizar esta ponderación; por un lado, el potencial ofensivo de la información publicada hacia los derechos de la personalidad; y, por otro lado, el interés público que pueda suponer que esa información aparezca vinculada a los datos personales del afectado.


Del interés público se hace la puntualización en base a doctrina, lo relevante no es tanto el “interés del público”, en el sentido de que es amplio el sector de la población que quiera conocer las miserias de sus ciudadanos; sino el “interés público”, es decir, el interés en formarse una opinión fundada sobre asuntos con trascendencia para el funcionamiento de una sociedad democrática. Este interés sí que puede justificar una información sobre hechos que afectan a la privacidad o reputación de personas con relevancia pública. Por eso, cuando concurra este interés en la información, está justificado que puedan ser objeto de tratamiento automatizado informaciones lesivas para la privacidad y la reputación, vinculadas a los datos personales, siempre y cuando sean veraces y sobre personas de relevancia pública, aunque los hechos hayan sucedido hace mucho tiempo.


De ahí que la STJUE del caso Google, en su párrafo 97, afirme que los derechos al respeto a la vida privada y familiar y el derecho a la protección de datos de carácter personal “prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en encontrar la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el mencionado interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate”.


Pero, ¿qué es un personaje público? También se trata esta cuestión en la STJUE del caso Google, según la Resolución 1165, de 1998, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el derecho a la vida privada, cuando afirma que los personajes públicos son las personas que desempeñan un oficio público y/o utilizan recursos públicos, y, en un sentido más amplio, todos aquellos que desempeñan un papel en la vida pública, ya sea en la política, en la economía, en el arte, en la esfera social, en el deporte y en cualquier otro campo. También puede considerarse justificado este tratamiento de datos personales cuando los hechos concernidos y su vinculación con esas concretas personas presenten un interés histórico.


Volviendo al caso en concreto, podemos ver que las personas demandantes carecen de cualquier relevancia pública y los hechos objeto de la información carecen de interés histórico. Ciertamente, los sucesos delictivos no son noticiables por su propia naturaleza, con independencia de la condición de sujeto privado de la persona o personas afectadas por la noticia. Según jurisprudencia (SSTC 178/1993, de 31 de mayo, FJ 4; 320/1994, de 28 de noviembre, FJ 5; 154/1999, de 14 de septiembre, FJ 4), reviste de interés público la información, tanto sobre los resultados de investigaciones policiales, el desarrollo del proceso y el contenido de la sentencia, como sobre todos aquellos datos, aun no directamente vinculados con el ejercicio del “ius puniendi”, es decir, de la facultad sancionadora del Estado “que permiten una mejor comprensión de su perfil humano o, más sencillamente, de su contexto vital de la persona que participa en el hecho delictivo”.


La propia Sala saca a relucir sus sentencias núm. 946/2008, de 24 de octubre, y 547/2011, de 20 de julio, en las que consideran justificada la publicación de datos de identidad de los implicados en hechos delictivos. Pero, una vez publicada la noticia en los medios de prensa por el interés que supone su carácter actual, el tratamiento automatizado de los datos personales de los implicados va perdiendo su justificación a medida que transcurre el tiempo, si las personas concernidas, carecen de relevancia pública; y los hechos, vinculados a esas personas, carecen de interés histórico.


Por lo tanto, en la sentencia, se llega a la conclusión de que en nuestro caso objeto de estudio, la actuación de Ediciones El País supone un daño desproporcionado para el honor de las personas demandantes, al vincular sus datos personales con unos hechos que afectaban seriamente a su reputación, y para su intimidad, al hacer pública su drogodependencia en aquellas fechas, con tan sólo introducir sus nombres y apellidos en los motores de búsqueda más frecuentes de Internet.


En este momento, la sentencia se cura en salud, calificando el llamado “derecho al olvido digital” como una concreción en este campo de los derechos derivados de los requisitos de calidad del tratamiento de datos personales, lo cual, no ampara que “cada uno construya un pasado a su medida, obligando a los editores de páginas web o a los gestores de los motores de búsqueda a eliminar el tratamiento de sus datos personales cuando se asocian a hechos que no se consideran positivos”. Tampoco justifica que aquellos que se exponen, públicamente, puedan exigir que se construya un currículo a su gusto, controlando el discurso sobre sí mismos, eliminando de Internet las informaciones negativas, posicionando a su antojo los resultados de las búsquedas en Internet. De admitirse esta tesis, se perturbarían gravemente los mecanismos de información necesarios para que los ciudadanos adopten decisiones en la vida democrática de un país. Dicho derecho sí que ampara que el afectado, cuando no tenga la consideración de personaje público, pueda oponerse al tratamiento de sus datos personales que permita que una simple consulta en un buscador generalista de Internet haga permanentemente presentes y de conocimiento general informaciones gravemente dañosas para su honor o su intimidad, sobre hechos ocurridos mucho tiempo atrás y que puedan distorsionar gravemente la percepción que los demás ciudadanos tengan de su persona provocando un efecto estigmatizador e impidiendo su plena inserción en la sociedad, inserción que se vería obstaculizada por el rechazo que determinadas informaciones pueden causar en sus conciudadanos.


Todo esto tiene una consecuencia clara que es la denegación por Ediciones El país de la cancelación del tratamiento de sus datos personales ante la solicitud hecha por los demandantes, al suponer una vulneración del derecho de protección de datos personales de los mismos que, además, trajo consigo la intromisión ilegítima en sus derechos al honor y a la intimidad. Como el daño es tan desproporcionado, no resulta amparado por el ejercicio de la libertad de información que supone la hemeroteca digital del diario.


En el resto de la sentencia se aclaran las consecuencias, así como el fallo, que no deja de estar basado en todo lo comentado anteriormente. Al final, no deja de ser confrontación entre la esfera privada del ciudadano, representada por sus derechos al honor y a la intimidad y, entre la esfera pública, no sólo del ciudadano, sino en representación del mismo sistema democrático, según lo eleva el TEDH muy acertadamente, en mi opinión. Esta confrontación ha estado presente desde que se reconoce que, efectivamente, existe una esfera privada del individuo. Y la misma confrontación es la que nos lleva a la discusión, no sólo en los tribunales, sino filosófica y política que llevamos viviendo, por lo menos, desde el siglo XX.
 

Con las nuevas tecnologías hemos vuelto justo al principio de esta discusión, ¿dónde empiezan y acaban estas dos esferas?


Sandra Herranz Casas

 

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